Una promesa de campaña está a punto de desparramar un gran escándalo


La planta de tratamiento de líquidos cloacales proyectada para Santa Catalina, con financiamiento de la Nación, está a punto de sucumbir por el peso de las irregularidades. Ha comenzado a hundirse en un barro fétido y amenaza con hacer explotar un escándalo de proporciones que podría salpicar al gobierno de Mauricio Macri.

La obra que costará 1.200 millones de pesos ya fue licitada, pero todavía no se comenzó a hacer, es que le falta lo primordial: un estudio de impacto ambiental que permita subsanar las graves deficiencias que tiene el proyecto, según dicen la denuncia que está en curso y que ya llegó a la Defensoría de Pueblo de la Nación y que podría convertirse además en una causa en la Justicia Federal. Por lo pronto, el ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas ya recibió un pedido del Defensor del Pueblo de Corrientes, César Vallejos Tressens, para que suspenda todo el procedimiento que está en marcha, hasta que se haga el estudio de impacto ambiental y se tenga a la vista el informe de la Municipalidad de Corrientes, que hasta la fecha ha gambeteado el problema. Sucede que conforme a lo que surge de las presentaciones preliminares, planean usar un químico altamente tóxico para depurar los líquidos cloacales, el procedimiento se haría a cielo abierto (en una zona de próxima urbanización) y los desechos se arrojarían al río Paraná en la desembocadura del Riachuelo. “Piensan utilizar gas cloro como desinfectante, es una agresión brutal al medio ambiente”, remarcó el ingeniero Rodolfo Amílcar Paladini, uno de los que más se ha movido por esta amenaza (ver aparte). La Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes, que preside Nelson Veaz Oyarzo, también hizo requerimientos a la Intendencia capitalina y a la Defensoría del Pueblo de Corrientes, que finalmente recogió el reclamo. El primero que hizo notar la irregularidad fue el abogado (constitucionalista) Antonio Jesús Ríos, que se lo manifestó a las autoridades el día que abrieron los sobres con las ofertas de la licitación. Ahora, casi dos meses después y con la obra a punto de ser adjudicada el escándalo salió a la luz, el defensor correntino Vallejos Tressens pasó el expediente a la Defensoría del Pueblo de la Nación para que tramite un amparo ambiental colectivo con cautelar (para impedir que hagan la obra) y al mismo tiempo dejó expedito el camino para recurrir a la Justicia Federal. En paralelo remitió sendas notas al ministro Frigerio (Interior) y Sergio Bergman (Medio Ambiente) haciéndoles saber del problema y solicitándoles que suspendan todo el procedimiento. Ayer el tema fue tratado en la Casa de Gobierno local, estuvo Carlos Vignolo (Plan Belgrano) y Eduardo Tassano (intendente capitalino), entre otras figuras, además del gobernador Gustavo Adolfo Valdés. La obra fue una promesa de campaña, lo anunciaron tres días antes de las elecciones municipales de junio, que marcó el triunfo del radical Tassano sobre el ¿ex? kirchnerista Fabián Ríos. Fue el golpe de nocaut para ganar la Capital, sin embargo hoy hace tambalear la credibilidad de la gestión.

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